In Diario

SFIDA CATALANA
y PSOE

Carlos García de Andoin
Coordinador federal de Cristianos Socialistas

Ha sido asesor de Vicepresidencia de Gobierno de España y
Director adj. de Gabinete del Ministerio de la Presidencia (2008-2012).

Doctor en Ciencias Políticas y Licenciado en Teología.

1.- LA RENUNCIA AL REFERENDUM

Tras la suspensión por el Tribunal Constitucional (29.9.2014), después de agotar los plazos, el Govern ha comunicado su renuncia a convocar el referéndum para el 9-N.

La alternativa para el Gobierno catalán y para el partido que lo sostiene CiU era el acatamiento de la ley y el orden constitucional o la desobediencia. Después de varias semanas de aparentar que el proceso seguía en marcha, finalmente ha cumplido lo que Artur Mas dijo a Rajoy en junio, que respetaría la ley.

También ésta era la preferencia mayoritaria de los catalanes. El 45% son favorables a respetar el proceso y acatar, cuando se produzca, la sentencia del Tribunal Constitucional y negocie una nueva convocatoria que respete la Constitución. El 23% le pide que ignore al tribunal y celebre el referéndum, y otro 25% prefiere buscar otra salida que no requiera una consulta (Metroscopia, El País, 7.9.2014).

Como alternativa ha propuesto “un proceso de participación ciudadana” (encuestas, paneles ciudadanos, audiencias públicas, foros de participación) amparándose en los artículos de la ley de consultas que no han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional. Una “consulta provisional”.

Se inicia una nueva fase de agrietamiento del bloque soberanista y de compleja gestión de la frustración ciudadana.

1.1. Agrietamiento del bloque soberanista
La primera consecuencia es el agrietamiento del bloque soberanista.
A lo largo del año 2013 fraguó el bloque soberanista. Varios hitos:
El 23 de enero de 2013 la cámara autonómica catalana declara en una resolución que el “pueblo de Cataluña tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano” y acuerda iniciar el proceso que lleve hasta el derecho a decidir. La declaración de soberanía fue aprobada con 85 votos a favor, 41 en contra, 2 abstenciones y 5 diputados que se negaron a votar.
El 12 diciembre de 2013 se produjo el acuerdo de 5 partidos catalanes (CDC, UDC, ERC, ICV-EUiA y CUP) para convocar para el 9-N una consulta. Aprueba una partida presupuestaria para la consulta y, sobre todo, anuncia la fecha y la pregunta. Los catalanes acudirán a las urnas el 9 de noviembre de 2014 y deberán contestar a dos cuestiones: “¿Desea usted que Cataluña se convierta en un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿desea usted que Cataluña sea un Estado independiente?”.
El Parlament solicita formalmente al Congreso la competencia para “autorizar y convocar un referéndum consultivo”. La Cámara rechaza la petición e insta al Gobierno a “garantizar el cumplimiento de la legalidad”. Poco después, el Constitucional anula la declaración de soberanía que había realizado el Parlamento catalán en enero de 2013.
El 27 de septiembre fue publicado el Decreto de convocatoria de la Consulta 129/2014 poco después de que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicara la Ley de Consultas Populares No Referendarias, aprobada por el Parlament de Catalunya.
La convocatoria unía, la desconvocatoria desune y agrieta el bloque soberanista.
Iniciativa per Catalunya en desacuerdo con la decisión del Govern, propone “una alternativa de movilización”. Convertir el 9-N en una jornada de protesta en la que habría también una declaración por el derecho a decidir tanto en los Ayuntamientos como en el Parlament.
ERC propone “unilateralidad y proceso constituyente”. No acepta la propuesta del proceso participativo. El Parlamento catalán debe hacer “una declaración de independencia inmediata y la apertura de un proceso constituyente” dic Oriol Junqueras. No es nuevo. El president Macià proclamó en 1931 la República catalana como Estado de la federación ibérica. Después, el president Companys proclamó en 1934 el Estado catalán dentro de la república federal española. La primera duró unos días, hasta pactar su reconversión en la Generalitat provisional, el segundo duró unas horas hasta que se declaró el estado de guerra y se procedió a la suspensión de la autonomía.
La ANC y Omnium, entidades convocantes de las multitudinarias manifestaciones de estos dos últimos años, rechazan la propuesta del President Mas.

1.2. La gestión de la frustración de la movilización ciudadana

Un segundo problema es la gestión de la frustración ciudadana. El 71% de la población catalana es favorable a la consulta, frente al 23% contrario a ella (Centro de Estudios de Opinión, Sep-2014). Los votantes del PP se oponen en bloque. Los del PSC están divididos: un 56% está a favor y un 41% en contra.

No es baladí, porque la iniciativa de la movilización no ha recaído sobre los partidos, sino que ha sido protagonizada por la Sociedad Civil, a partir de la Diada de septiembre de 2012. La Asamblea Nacional de Cataluña, creada hace 4 años por cuatro personas tomando un café ha mostrado una extraordinaria capacidad de movilización. En la Diada de 2013, una cadena humana de 400 km. En la Diada de 2014, una V de Victoria con asistencia de 1.800.000 personas.

De hecho, la movilización hizo modificar la estrategia política del Gobierno catalán. En 2012 se planteó reivindicar frente al Gobierno central el Pacto Fiscal, para una nueva regulación de la relación tributaria entre Cataluña y la Administración central, semejante al Cupo Vasco. Sin embargo, viendo la ola soberanista por el derecho de decisión y el referéndum, Artur Mas se subió a ella, abandonando la reivindicación del Pacto Fiscal.

De hecho, la ANC y Omnium, organización cultural catalanista decana se han convertido en “los vigilantes de la consulta”. La presidenta de la ANC, Carmen Forcadell, decía hace dos semanas que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, mantendría el pulso, que no se echaría atrás: “No tenemos ninguna duda. Mas no renunciará al proceso”, afirma. En caso de que no se celebre la votación soberanista, Forcadell considera que el presidente catalán buscará el consenso del resto de fuerzas soberanistas: “Si como país decidimos que no se puede hacer la consulta y tiene que haber alternativa, no la decidirá solo Mas, la consensuará con el resto de partidos” (El País, 2.10.14).

La renuncia a la convocatoria genera una extraordinaria frustración ciudadana. ¿Hacia dónde se va a dirigir la indignación? ¿Hacia el propio President? ¿Hacia el Gobierno de España? La propuesta del “proceso de participación alternativa”, un “simulacro” de consulta (Movilizar 20.000 voluntarios. Urnas en centenares de colegios. Papeletas con preguntas) es una forma de canalizar la frustración. De evitar que agudice la división entre partidos.

Hasta ahora ha gobernado la calle. Mi esperanza es que a partir de ahora comiencen a gobernar los políticos.

2.- EL FIASCO DEL “NUEVO ESTATUT”

El origen de esta movilización soberanista arranca del malestar provocado por la reforma del Estatut de Catalunya. Pascual Maragall y José L. Rodríguez Zapatero acordaron promover la reforma del Estatut. Después de un tortuoso itinerario, acabó siendo aprobado no sólo en el Parlament de Catalunya sino también en el Congreso de los Diputados. Finalmente fue sometido a referéndum y aprobado en 2006.

Hubo un error estratégico en la segunda legislatura socialista catalana. En lugar de un acuerdo de gobierno PSC-CiU, los dos partidos que habían pactado y votado el Estatut, se produjo entre PSC y ERC. CiU, desde la oposición, se desresponsabilizó del Estatut. De esta manera, el único soporte del Estatut era el PSC. Además había sido aprobado con menor participación, un 48,85% (74% a favor, 21% en contra y 5% en blanco) que el Estatut de Sau de 1981 fue aprobado con una participación del 59,3% y u 88,15% de votos favorables.

Esta legitimidad “tocada” acabó por hundirse con la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010. El Partido Popular había recurrido ante el Tribunal Constitucional, el cual en julio de 2010 respondió haciendo un severo recorte del Estatuto de Autonomía. En respuesta CiU abanderó el “derecho a decidir” y lo incluyó en su programa electoral para las elecciones de noviembre, aunque su principal reclamo era conseguir una nueva financiación y un pacto fiscal para Cataluña. La sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 de 16 de julio de 2010 sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña fue formalmente una sentencia, pero “materialmente fue un golpe de Estado” (Pérez-Royo, El País, 10.12.2007). “Las consecuencias de la sentencia del Constitucional no han sido las de una decisión judicial, sino las de un golpe de Estado. Tanto en Cataluña como en España. Hubo un vencedor, el PP, y múltiples vencidos”.
En Cataluña nadie salió ganando. El sistema político catalán está en quiebra. Si no se ha desmoronado por completo es por la ilusión del derecho a decidir, que es el hilo que ha permitido que se mantenga una conexión entre las partes. La unidad política de Cataluña descansa en el derecho a decidir.
En España el perdedor ha sido el PSOE. La sentencia del Constitucional introdujo el conflicto territorial en la relación PSOE-PSC, privando de esta manera a ambos de la condición de “partido de gobierno”. Para que la sociedad los reconozca como partidos de gobierno, ambos tienen que competir juntos frente a los demás. Si no es así, concurren pero no compiten. Es lo que ha ocurrido en todas las elecciones posteriores a la sentencia. En Cataluña y en España.
El ganador ha sido el PP. En Mayo de 2011 arrolló en las elecciones municipales y autonómicas y en noviembre arrolló en las elecciones generales. Hegemonía indiscutible, de la que ha hecho uso sin complejos.
Y sin embargo, estamos como estamos. Sin Constitución territorial y sin perspectiva de poder rehacerla. Sin la integración política de Cataluña en España de una manera jurídicamente ordenada aceptable y aceptada tanto por los ciudadanos de Cataluña como por los del resto de España, carecemos de Constitución territorial. Es lo que ocurre en este momento.
España y Cataluña tienen que reconstituirse políticamente. Con el binomio Constitución/Estatuto, tal como están, ni España ni Cataluña pueden ser gobernadas. Se trata de una operación que únicamente puede ser realizada por órganos de naturaleza política legitimados democráticamente de manera directa, en la que no tiene cabida el Tribunal Constitucional.
Justamente lo contrario de lo que se está haciendo. El Gobierno y el PP, que son los únicos puntos de referencia sólidos en este momento, han abdicado en el Tribunal Constitucional su participación. ¿Hasta cuando?
Entretanto la “burbuja identitaria” se ha ido hinchando, al calor de la nefasta sentencia del Tribunal Constitucional y de la crisis económica, el aumento del paro y la precariedad y de las políticas de austeridad. La identidad es una moneda fácilmente manipulable. Hoy, la no colaboración con el soberanismo se salda en campañas de intolerancia, difamación y linchamiento. Quim Brugué -experto de la Universidad Autónoma de Barcelona en procesos de participación ciudadana- ha sido el último ejemplo de linchamiento, por darse de baja de la Junta Electoral creada por Mas por encontrar que sin legalidad, habría “falta de garantías democráticas”.

3.- ESCENARIOS FUTUROS

Después del 29-N, ¿qué escenarios son previsibles?

3.1. Elecciones anticipadas, elecciones plebiscitarias

Artur Mas ha manejado frecuentemente como Plan B unas elecciones anticipadas en clave plebiscitaria sobre la independencia. El Gobierno convoca elecciones ordinarias en uso de sus facultades legales, siendo responsabilidad de los partidos “la tarea de transformar las elecciones en un referéndum soberanista”. Es la hipótesis que aconseja el Consejo Asesor para la Transición Nacional. Esta convocatoria no es impugnable. Es también la apuesta de la ANC para la cual si no hay votación, los partidos tendrían que unirse en una candidatura cuyo objetivo fuera declarar unilateralmente la independencia.

Sin embargo, sólo el 32% de los catalanes apoya la idea de unas elecciones plebiscitarias. Un 58% la rechaza. Los únicos que aceptarían que las autonómicas se conviertan en un plebiscito sobre la independencia son los votantes potenciales de ERC (el 60% secundaría ese plan). Los votantes de CiU están divididos entre los que lo aceptarían (45%) y los que prefieren unas elecciones “normales” (43%). Los del resto de partidos son claramente contrarios a las elecciones plebiscitarias.

Esta opción, presenta otros problemas.

En primer lugar: dada la debilidad de CiU, y la previsión de ser superada electoralmente por ERC, -las encuestas dan el triunfo a ERC, con 4,4 puntos de ventaja sobre CiU-, sólo sería factible bajo un acuerdo de coalición electoral, que garantizara el mantenimiento de su representación parlamentaria. Pero ello significa una subordinación estratégica a ERC cuya pretensión en palabras de Oriol Junqueras es: “lograr una mayoría parlamentaria suficiente para iniciar un proceso constituyente de cara a declarar de forma unilateral la independencia”.

En segundo lugar: divorcio interno en CIU, entre Convergencia Democrática de Catalunya, independentista, y Unió Democrática de Catalunya, federalista. Y principalmente alejamiento de su electorado: la opción independentista, que es defendida sin ambages por la nueva dirección de CDC, seduce apenas al 51% de sus votantes (Metroscopia, El País, 7.9.14).

En tercer lugar: la expectativa de irrupción de un nuevo actor: “Podemos” o “Ganyemos” en versión catalana que añadiría un nuevo factor de inestabilidad al panorama catalán.

Así como unas elecciones plebiscitarias no gozan de apoyo mayoritario, sí genera entre los catalanes más consenso la posibilidad de unas elecciones anticipadas: lo quieren dos de cada tres catalanes (65%) y la mayoría de votantes de todos los partidos (los menos partidarios, los del PP, pero aun así mayoría).

3.2. Una Tercera Vía: ¿se puede recuperar la negociación y el compromiso?
Según la encuesta realizada por Metroscopia para el diario El País, hasta un 46% de los encuestados votarían a favor de la independencia ganando a un 42% que lo harían en contra. Pero si la opción es la tercera vía, que Cataluña pueda seguir formando parte de España con competencias blindadas, ésta ganaría a la independencia. En este hipotético caso, un 42% de los encuestados preferirían quedarse en España con más autonomía –tendencia al alza-, mientras que un 27% seguiría prefiriendo la independencia y un 17% se quedaría en España con las mismas competencias que ahora.

Tarde o temprano, habrá que ir hacia la negociación y el compromiso. La sociedad tiene identidades complejas: el 34,5% de los ciudadanos se sienten tan catalanes como españoles, el 25,8% se siente más catalán que español, el 25,1% se siente únicamente catalán, un 4,4 % sólo español y un 2,1 % más español que catalán (CIS, 2013).

El caso escocés nos muestra que la división, gane el no o gane el sí, pero en sociedades partidas por la mitad, obliga a negociar, a pactar.

El PSOE apuesta por esta Tercera Vía, que pasa por una Reforma Constitucional del Estado de las Autonomías en clave federal.

Declaración de Granada, 6 de julio de 2013

“Vamos a defender un Estado de las Autonomías del siglo XXI, con una estructura territorial de carácter federal capaz de proporcionar todo lo que de él demandamos:

• Respeto a las identidades diferenciadas dentro de España, compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común.

• Solidaridad para seguir reduciendo las desigualdades territoriales.

• Cooperación efectiva entre el Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos, y de éstos entre sí.

• Igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar en el que residan. Sí a los legítimos hechos diferenciales, no a los privilegios o a las discriminaciones.

• Y eficacia en la gestión de los recursos públicos, lo que exige una racionalización de las Administraciones, de todas ellas, para que éstas faciliten la vida a los ciudadanos. Los cambios que necesita el Estado de las Autonomía no pueden solventarse mediante simples modificaciones legales. Si queremos hacerlo de verdad, es obligatorio abrir el camino de la reforma constitucional. Y eso significa restablecer un nivel de consenso al menos tan amplio como el que hizo posible la Constitución de 1978.

• Necesitamos reformar la Constitución para incorporar a ella expresamente el mapa autonómico de España.

• Necesitamos reformar la Constitución para clarificar y delimitar definitivamente la distribución de las competencias, de las responsabilidades y de las obligaciones del Estado y de las CCAA. Para acabar con la confusión actual, que genera toda clase de conflictos. Necesitamos reformar la Constitución para sustituir el Senado por una auténtica Cámara de representación territorial, sin la que no puede funcionar un Estado de corte federal.

• Necesitamos reformar la Constitución para incorporar los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad.

• Necesitamos reformar la Constitución para establecer un nuevo sistema de financiación autonómica justo y equitativo que dé certeza, estabilidad y equilibrio al sistema de reparto de los recursos públicos, hoy permanente cuestionado y sometido a continuas revisiones.

• Necesitamos reformar la Constitución para incorporar como derechos fundamentales la protección social y la sanidad, y para asegurar la garantía de los servicios sociales básicos, de la educación, la sanidad y las pensiones, para todas las personas que viven en España, cualquiera que sea su origen o su lugar de residencia. Para dar cobertura constitucional a un Fondo de Garantía del Estado del Bienestar.

• Necesitamos reformar la Constitución para crear los mecanismos de cooperación institucional que caracterizan a los Estados federales y de los que hoy carecemos en gran medida.

• Necesitamos también constitucionalizar la participación del las CCAA en la gobernación del Estado y en la presencia de España en Europa, tanto para contribuir a la formación de la voluntad de España, como para garantizar la ejecución en sus respectivos territorios de las decisiones que se tomen en la Unión Europea.

• Necesitamos modificar el control constitucional de las reformas de los Estatutos de Autonomía para que no se repita el hecho de que el Tribunal Constitucional anule parcialmente un Estatuto que ya ha sido votado por los ciudadanos.

• Y necesitamos que la reforma de la Constitución afecte a las Administraciones Públicas, y que incluya a la Administración Local. Necesitamos regular constitucionalmente las competencias de las entidades locales, reconocer su autonomía política y funcional, articular la intermunicipalidad para apoyar a los municipios pequeños de acuerdo con sus propias características, garantizar que el desarrollo de su régimen jurídico se haga mediante una Ley Orgánica.

En la situación actual, España no sólo necesita una gran concertación económica y social para salir de la crisis. Necesita renovar el pacto para reformar el sistema político y construir la democracia del siglo XXI. Como parte de ello, necesita un nuevo pacto territorial, no para debilitar el Estado de las Autonomías, y tampoco para desandar lo recorrido en estas tres décadas y media, sino para seguir avanzando en el único camino que ha demostrado ser fructífero. Para seguir viviendo y conviviendo juntos, que es la única forma de que salgamos adelante.

El Partido Socialista está dispuesto a levantar esta doble bandera: la bandera de las reformas y la bandera de los consensos. Estamos dispuestos a compartir y debatir ideas e iniciativas, a hablar con todos y de todo, a tender puentes en lugar de volarlos, como algunos parecen desear. Estamos en mejor posición que cualquier otra fuerza política para hacerlo porque es lo que hemos hecho desde el primer día de la democracia: impulsar todas las reformas y participar en todos los consensos.

Queremos hacerlo porque el Estado de las Autonomías es en buena medida el fruto de nuestro esfuerzo, y la tarea de hoy es reformarlo, precisamente para salvarlo de las tendencias contrapuestas que lo amenazan.

4. DOS CONSIDERACIONES FINALES

El caso es que aún no se ha producido la sentencia del Tribunal Constitucional: la suspensión de la convocatoria del 9-N ha sido cautelar. Esperemos que se produzca en unos meses y no se demore por años.

Caben dos alternativas:

1) Que, en efecto, se limite a concluir la anulación de la ley catalana de consulta y la convocatoria para el 9-N, aportando los fundamentos jurídicos de tal resolución.

2) Que además de anular el 9-N proceda a establecer criterios jurisprudenciales para abordar problemas como los planteados, que incluso puedan recomendar la revisión de la Constitución.

En este segundo caso, el Tribunal Constitucional podría ser quien propiciara un nuevo punto de partida, que tanto al Gobierno del PP, al PSOE como al soberanismo no independentista, permitiera iniciar la senda de la negociación y el pacto.

La cuestión catalana no es un asunto aislado. Noqueados por la crisis, en España nos invade nuevamente el pesimismo, no sólo sobre la evolución presente de la economía y el empleo o sobre las elites dirigentes del país, sino sobre la experiencia democrática del pasado reciente y el marco político de convivencia que la ha hecho posible. Las sombras se han proyectado incluso sobre la misma transición política, un día considerada ejemplar. Ciertamente no debió idealizarse porque tuvo mucho de arreglo y componenda, también de azar; pero ciertamente se saldó con un éxito notable: transitamos a la democracia y pasamos definitivamente la página de la dictadura franquista.

Con todo, las mejores décadas de progreso y paz del siglo XX -probablemente de toda la historia del país-, si han sido posible lo es gracias a la determinación para el acuerdo que guió a la mayoría del país y de las fuerzas políticas tras 40 años de dictadura. Había un objetivo superior que, por otra parte, era inalcanzable sin renuncias. No fue fácil, hubo resistencias, pero al final el acuerdo acabó por imponerse.

La derecha franquista hubo de aceptar la democracia, la legalización del partido comunista y la descentralización del Estado, en una clara renuncia. Por su parte, la izquierda hubo de aceptar utilitariamente la Monarquía, también el derecho de los padres a una enseñanza conforme a sus convicciones morales y religiosas en la escuela pública, pues lo esencial era la recuperación de la democracia. Los liberales, por su parte, aceptaban el Estado social, y los socialistas el libre mercado. Finalmente, los nacionalismos sacrificaban la independencia por la democracia obteniendo a cambio autogobierno, Estado de las autonomías, co-oficialidad de las lenguas, incluso policía propia y, en los casos vasco y navarro, el Concierto Económico.

Hoy sin embargo, las coseduras de aquellos acuerdos si no han comenzado a soltarse sometidas a fuertes tensiones están a punto de saltar por los aires. Hay fuertes tendencias al repliegue cada cual sobre sí; una vuelta al propio fuero; los compromisos declinan y caducan. Volver al Estado centralista, abajo el Estado de bienestar, votar independencia, viva la República, fuera la religión de la escuela,… Parece que el ideal es el retorno a la supuesta esencia de cada cual. Sin embargo, mucho me temo que de ello no resulte otra cosa que pura dinamita para la convivencia, el progreso social y la paz.

La crítica es motor de cambio político. Sin duda, hay mucho que mejorar. Hay nuevas aspiraciones y cosas que se han hecho mal. En España acabará habiendo un nevo tiempo de reformas políticas. Pero, o estas se llevan a cabo con ánimo de llegar en último término al compromiso entre diferentes o de lo contrario no tendremos otra cosa que tensión, fractura y en definitiva fracaso social, económico y político.

Permítanme apelar, al término de la intervención al Bien Común es un bien “arduo de alcanzar”, porque exige “la búsqueda constante del bien de los demás como si fuese el bien propio” (Compendio DSI, 167). La existencia de cristianos con una misma fe en prácticamente todo el espectro ideológico, no es un mal menor, sino un capital extraordinario para impulsar el valor del acuerdo, del pacto, y del compromiso en esta hora. La magnitud de los retos reclama no menor magnanimidad para el compromiso.

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